domingo, 2 de marzo de 2014

El derecho a la ciudad

Publicaciones correspondientes a la primera jornada del ciclo "El derecho a la ciudad" desarrollado por el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Pensar la ciudad El Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti inició el ciclo El Derecho a la Ciudad, y convocó a dialogar y pensar colectivamente a urbanistas, sociólogos, políticos, artistas, militantes sociales y ciudadanos en general, considerando que el derecho a la ciudad está en la naturaleza de los derechos humanos y que es necesario hacer memoria y recuperar las diversas identidades sociales, culturales y políticas frente al proceso de deshistorización que hoy vive la ciudad de Buenos Aires. El derecho a la ciudad implica el desafío de construir una propuesta política para reivindicar la posibilidad de que los ciudadanos se reapropien del espacio urbano. Se vuelve necesario que el modelo de desarrollo de la ciudad no genere exclusión y que el modelo político garantice la participación, además de proteger la diversidad cultural y ser ecológicamente sostenible. El avasallamiento de los ciudadanos y la privatización de los espacios públicos que configuran la actual realidad de la Ciudad de Buenos Aires resultan más que contradictorios con el proceso de transformación social y expansión de derechos que vive la Argentina en la última década. Frente a esta situación se proclama la vigencia del derecho a la ciudad. No es esta una propuesta nueva en la oposición a la deshumanización de las ciudades. Uno de los pasos fundamentales en este recorrido ha sido la elaboración de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, iniciativa originada en el movimiento social en el 2004. Las nuevas constituciones de Ecuador y Bolivia incorporan el derecho a la ciudad entre sus artículos. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en el año 2011 publicó Derecho a la ciudad, por una ciudad para todas y todos donde compiló una serie de trabajos sobre la problemática. En consecuencia, pensar la ciudad, reconociendo la singularidad de una Buenos Aires hecha de espacios bien diversos, pensarla también en relación con el proyecto de país, marco necesario de toda realización argentina. El sábado 8 de junio de 2013 se efectuó la primera jornada. Se realizaron talleres participativos sobre "Los problemas actuales de la Ciudad de Buenos Aires". A continuación participaron de una mesa de diálogo Roberto Boico, Raúl Chávez, María Pía López, Héctor Poggiese, Eduardo Reese, Cynthia Salama, Jorge Giberti, Ramón Díaz y Fabio Oliva. Realizó el cierre Eduardo Jozami, director del C.C.M. Haroldo Conti.
Audios de la Jornada Jorge Giberti Fabio Oliva Eduardo Reese Cynthia Salama María Pía López Raúl Chávez Roberto Boico Ramón Díaz Héctor Poggiese Debates y opiniones Debates y opiniones 2 Debates y opiniones 3 Cierre Eduardo Jozami Cierre Eduardo Jozami 2 Charla con Cynthia Salama

El sueño de los argentinos por Eduardo Jozami

El sueño de los argentinos Por Eduardo Jozami Vivimos en una sociedad injusta, aunque no reflexionemos a diario sobre eso. Las diferencias sociales y las inequidades tienden a naturalizarse, aun en momentos de cambios profundos como los que se producen en la Argentina desde hace una década. Pero, en ciertos momentos, esa injusticia social se revela intolerable. Es cuando el interés de unos pocos aparece nítidamente como superior al del conjunto de los argentinos. En estos días hemos visto a las patronales del agro exaltar el derecho de los grandes productores para vender sus tenencias de soja cuando quieran, sin importarles las consecuencias que pudiera tener esa retracción de ventas sobre el conjunto de la economía, mientras los exportadores de cereales presionaban, a su vez, la devaluación de la moneda, negándose a liquidar los dólares provenientes de las ventas al exterior. La Mesa de Enlace ha defendido estas actitudes amparándose en una concepción de la propiedad que no admite restricciones, derecho supremo ante el que deberían ceder los de la gran mayoría de los argentinos cuyos ingresos y condiciones de vida se ven hoy afectados. Esta presión sobre la divisa norteamericana no sólo apuntaba a multiplicar los ingresos de exportación aumentando la cantidad de pesos que se reciben por cada dólar, buscaba una verdadera corrida cambiaria que aceleraría el alza de los precios y dificultaría cada vez más el control de la coyuntura económica. Esta maniobra especulativa tiene también un definido propósito político: debilitar el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, obligarlo a desandar el camino seguido hasta hoy y mostrar el cumplimiento de lo que vienen pronosticando hace diez años los agoreros del privilegio: las políticas ambiciosas que se proponen reformas profundas como las que lleva adelante el kirchnerismo, terminan necesariamente en el fracaso. Este razonamiento se plantea como si las dificultades que hoy se observan fueran consecuencia de desconocer supuestas leyes de la economía y no tuvieran que ver con el sabotaje que realizan todos los sectores del gran capital y sus medios de comunicación. Presionando el alza de los productos de la canasta básica, los grandes formadores de precios y los hipermercados hacen su contribución al intento desestabilizador, mientras los principales medios opositores siguen atribuyendo la inflación a los altos salarios y el exceso de gasto público, y reclamando, en consecuencia, un plan económico recesivo. Es la vieja receta, la de los planes del Fondo Monetario, la que elige matar al enfermo para terminar con la enfermedad: la inflación, en algunas ocasiones, fue controlada, pero al precio inaceptable de aumentar notablemente el nivel de desempleo y reducir los ingresos de los trabajadores en términos reales. Porque esa receta no debe ser aplicada, los acuerdos de precios son hoy un camino necesario y el Estado deberá reforzar su capacidad de control y sanción de los incumplimientos. En su ofensiva incesante, los medios atacan al equipo económico que lleva adelante esta política, presentando a Axel Kicillof, alternativamente, como un demonio estatista o un joven ingenuo que cree en la palabra de los empresarios. Los comunicadores de la derecha tienen el olfato entrenado para detectar el riesgo que representa para el establishment un economista de sólida formación y fuerte compromiso político. La devaluación tiende a producir una transferencia de ingresos contra los sectores populares, y por eso el Gobierno se resistía a tomar esta medida, a la que finalmente se vio obligado. Hoy, para limitar esos efectos negativos, es imprescindible asegurar que los formadores de precios no exageren la incidencia real de la devaluación sobre sus costos. Para ello, como acertadamente señaló la Presidenta, es imprescindible el activo control de la sociedad. Frente al espectáculo indignante de los exportadores sentados sobre sus dólares, la indignación social se expresa de mil maneras, y es muy valioso que se plantee la necesidad del control estatal del comercio exterior. Esta es una vieja bandera del nacionalismo popular arriada en los ’90 y echada con los trastos viejos. Recuperar esa memoria de las luchas no es el menos importante de los logros de este tiempo. La negociación con los exportadores parece permitir hoy un alivio coyuntural, pero la discusión de fondo no puede evitarse. Paradójicamente, fueron los conservadores los primeros en recurrir a estos instrumentos de intervención estatal en la década de 1930, cuando escaseaban las divisas y se cerraban los mercados de las exportaciones argentinas. Pero estas políticas atendían menos a la defensa del consumo popular que a los intereses de los grupos más concentrados del agro y a consolidar la relación con Gran Bretaña, como lo señalaran, desde trincheras distintas, Lisandro de la Torre y Raúl Scalabrini Ortiz. Ese intervencionismo conservador que llevó a la creación de las juntas nacionales de Granos y de Carnes fue continuado por Federico Pinedo desde una perspectiva algo diferente. Quien fuera en su juventud dirigente socialista concedía en su proyecto alguna importancia a la industria y ya avizoraba que los Estados Unidos se convertirían en nuestros principales socios. Federico Pinedo otorgaría a la industria el mínimo papel de “una pequeña rueda” que debía acompañar a la “gran rueda” de la producción agropecuaria, y si pensaba en otros mercados de exportación para la nueva industria era porque no concebía una expansión del mercado interno como la que, más tarde, el peronismo habría de producir. El Instituto Argentino de Promoción del Intercambio fue el organismo creado por el gobierno de Perón para gestionar el comercio de exportación e importación. La cosecha era adquirida por el Estado y éste realizaba las operaciones. La diferencia entre el precio que recibían los productores y el que se obtenía por la exportación era utilizada para financiar el desarrollo y, en particular, la actividad industrial. Esta política suponía el reconocimiento de que la Argentina debía ubicarse entre las que Marcelo Diamand llamara “estructuras productivas desequilibradas”: la productividad del agro aseguraba la colocación de sus exportaciones, pero la industria no podía funcionar con el mismo tipo de cambio y requería necesariamente transferencias desde el sector más productivo de la economía. La renta extraordinaria de la actividad agropecuaria debía, en consecuencia, ser apropiada por el Estado. Para la militancia peronista, el IAPI se transformó en un símbolo de las políticas de desarrollo nacional. Se comprenderá que, inversamente, la oligarquía argentina haya demonizado esa sigla desde entonces. Después de 1955, desaparecido el IAPI, la reivindicación de la nacionalización del comercio exterior figuraría en los programas de La Falda, Huerta Grande y la CGT de los Argentinos y encabezaría todas las luchas del movimiento obrero. Con el tiempo, aunque muchas veces la consigna permanecía en los programas, el entusiasmo declinó. Hasta que el menemismo culminó este proceso con la más drástica política privatizadora, y terminó también con las juntas que permitían al Estado alguna participación en la comercialización. Hoy, ante el intento de golpe de mercado, son muchos los que han salido a reivindicar una medida que no sólo apunta a terminar con una situación profundamente injusta, sino también a asegurar la sustentabilidad de una política económica de sesgo popular. El Gobierno no está solo frente a los monopolios, porque resulta difícil creer que la mayoría de la sociedad acepte el proceder de la minoría que impulsa la desestabilización. Para sostener un diálogo fecundo con los más amplios sectores cuyos intereses no coinciden con los de los grupos económicos concentrados, habrá que reconocer las carencias de algunas políticas oficiales, las privaciones a la que es sometida la población por los problemas en los servicios públicos, así como la necesidad de atender a la restricción externa de la economía con propuestas que avancen más decididamente en la sustitución de importaciones y prioricen el rol de la industria nacional. Todo esto y mucho más puede y debe discutirse, pero ello no puede ser obstáculo para coincidir en la defensa de un proceso que cambió la Argentina, dejando atrás el país del desempleo de dos dígitos, recuperando la dignidad nacional, terminando con la política de relaciones carnales con los Estados Unidos, impulsando un inédito proceso de expansión de derechos y poniendo el objetivo de Memoria, Verdad y Justicia como divisa fundante del Gobierno. El kirchnerismo sigue siendo una fuerza social muy significativa, pero hoy, cuando se juega el destino del país, debemos convocar a todos, a los radicales de Yrigoyen, que recuerdan el golpe de mercado que tumbó a Alfonsín, y a la izquierda, que –si quiere seguir llamándose tal – no puede permanecer neutral e indiferente en esta lucha contra los especuladores y los monopolios. Cuando es Argentina la que peligra, no hay espacio para las pequeñas diferencias. Tomando como bandera la creación de un organismo de control estatal del comercio exterior, el llamado más amplio debe dirigirse a los trabajadores, que serían las primeras víctimas de la reversión de esta política; a los pequeños y medianos empresarios, que nada tienen que ganar con las propuestas que alientan la concentración y desnacionalización. Quienes estamos comprometidos con este proyecto de Néstor y Cristina, sabemos mejor que nadie lo que se está jugando en estos días. Por eso, por sobre agravios y cuestionamientos, tendemos la mano a todos los que coincidan con esta propuesta de democracia y justicia social. Creemos que ése sigue siendo el sueño de la mayoría de los argentinos. * Director del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. © 2000-2014 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Todos los Derechos Reservados

viernes, 21 de febrero de 2014

lunes, 10 de febrero de 2014

La Carta Nº 15: La patria en peligro

No es a menudo que surge esta idea de fuerte raigambre en todas las épocas, recordable en las grandes jornadas libertarias del siglo XIX en Latinoamérica y Europa, que es parte de un llamado urgente y a la vez de una inevitable vocación de activismo. Un puñado de grandes empresas (Cargill, Noble Argentina, Bunge Argentina, Dreyfus, Molinos Río de la Plata, Vicentin, Aceitera General Deheza, Nidera y Toepfer) exportan más del 90% del grano, aceite y harina de soja argentinos, histórica base de la riqueza y la producción del país, han organizado un cepo financiero sobre el gobierno, obligándolo a tomar medidas difíciles y comprometedoras del futuro del país, como la devaluación, más allá de que, en el momento de jaque final, el propio gobierno haya dejado correr esa presión asfixiante del mercado exportador para poder retomar la iniciativa a partir de una devaluación no deseada. Es grave. No es un simple episodio más de la historia económica nacional. Las grandes organizaciones agropecuarias tienen todas fuertes vínculos internacionales, financieros, comunicacionales y siempre están dotadas para producir el espejismo de que sus intereses coinciden con los de una gran parte de las desconcertadas clases medias argentinas. Lo cierto es que han conseguido forzar e imponer una depreciación del peso no querida por el gobierno ni conveniente para las mayorías populares, y tienen la estrategia de profundizarla a niveles sustancialmente mayores. Hay que reconocerlo y, en un momento particularmente dramático, reponer nuestras fuerzas y dignidad para la lucha, pues esto exigirá grandes esfuerzos para que la devaluación no recaiga en los amplios estratos de las clases populares, históricamente las más perjudicadas con este tipo de medidas. La defensa de los “precios cuidados” es en ese sentido una tarea primordial. Suele verse exageración o grandilocuencia cuando se denuncia que esta situación incita a la desestabilización política, pero lo cierto es que aunque esto pueda no estar en la táctica inmediata de los grandes grupos amparados en las nuevas tecnologías de la globalización, en una sociedad castigada y temerosa, el resultado de sus acciones puede ser imprevisible. Estos sectores provienen de los primeros tiempos de la organización nacional argentina, momentos en que se configuraron como una oligarquía dócil a la división internacional del trabajo, aunque en su seno no dejó de haber impulsos proteccionistas y una apuesta a ciertos modos de intervencionismo estatal en el mercado de granos y carnes, justamente en la época del conservadorismo previa a la irrupción del peronismo y en el contexto de la gran crisis. Viejos y nuevos grupos, siempre pocos, ahora de mayor espesor y concentración de su economía y específica relación con las políticas vinculadas a las potencias mundiales de esta etapa histórica de la modernidad, asedian al gobierno popular encabezado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que tomó medidas de gran significación para democratizar la sociedad avanzando en la inclusión, la ampliación de derechos y la redistribución de la renta nacional a favor de las mayorías nacionales, tanto de las clases medias como de los sectores más carenciados. Ese asedio es posible porque están pendientes de cerrar los amplios márgenes de maniobra que aún conservan estos grupos monopólicos. Ahora, con nuevas tecnologías de siembra y amparados en grandes fábricas de semillas transgénicas –cuyo uso y regulación debe ser parte de un amplio debate– han reorganizado socialmente el campo de la producción agropecuaria, con trazados tan novedosos que los viejos productores y arrendatarios (de antiguo cuño genuinamente productivo) han decidido asociarse a los horizontes construidos con la expansión de la frontera productiva de la soja, cambiando el perfil de las relaciones económicas y de clases sociales. El modo de propiedad, que para muchos significó hace un siglo protestar contra los latifundios, hoy se expresa en una privatización facciosa de la renta agraria, basada en la hipótesis magna del rechazo ciego a las necesarias intervenciones estatales, como poder público democrático representante de la nación y su equilibrio de intereses a favor de la población más desfavorecida e históricamente castigada por ajustes y teorías sobre las restricciones salariales, como variables compensatorias que tributan al imperio del capitalismo globalizado. Estos actores, concentrados fundamentalmente en la pampa húmeda, se apropiaron de manera excluyente de la denominación “campo”, mientras la mayoría de los campesinos del país situados en otras regiones resisten, porque los amenaza y perjudica, el modelo agrario que aquellos instalaron y cuya intensificación predican. Es necesario recrear la imaginación histórica de una cadena de acontecimientos que tienen que contar nuevamente con gran apoyo popular. Quienes se sintieron alguna vez llamados por un conjunto de decisiones gubernamentales, cuyos grados de imperfección o de error están y deben estar en discusión, pero que tuvieron clara vocación de autonomía y soberanía nacional y social, y asimismo de justicia emancipatoria en todos los ámbitos de la vida económica, pública y cotidiana, deben nuevamente realizar un examen de su vocación política. Nos esperanza que el resultado de ese examen, hecho por hombres y mujeres que apoyan al gobierno, o que lo apoyaron y se sienten desencantados, o que se guían por trazados políticos que pueden ser secundarios si las cuestiones en juego son mayores (por eso, socialistas, autonomistas, liberales, nacionalistas, radicales, peronistas, izquierdistas, republicanos, son destinatarios de esta interpelación), los haga ser quienes piensen las grandes disyuntivas sociales, sin la neblinosa cortina de cenizas que imparten los magnos catecismos de la piqueta del demoledor o la pala del enterrador. Una gran restauración del viejo país oligárquico está pronta a mostrar sus dientes de hierro, lo que serían sus herramientas de ajuste, que pretenden que, en una transición aleccionadora se empleen como prólogo, por un gobierno que supo tener consecuencia en políticas opuestas a esa lógica antipopular. Vienen con su populismo de turno, sus escribidores de estación, sus periodistas de cosecha unánime, aunque quizás sin sus Juntas Reguladoras del comercio exterior, como sus antepasados, sin embargo, supieron constituir. Un nuevo estilo movilizatorio, una confluencia de fuerzas grupales e individuales, nuevas ideas para la defensa de lo valioso que significa esta experiencia, que no es una falsía aunque pueda estar rodeada de grandes descuidos, es lo que se reclama. Este proceso transformador, conducido por Néstor y Cristina Kirchner, ha sido una recreación de las militancias y el fervor público nacional, ancladas en una larga memoria popular que no tiene propietarios, con ritualismos tal vez que, no por repetitivos, dejaron de acompañar los procesos populares. El proyecto que se ensayó esta vez, amplio, democrático y plural posee una necesaria juventud que ningún momento histórico debe rechazar, aunque sí emplazar dentro de vastas alianzas sociales, hoy mermadas. Ahora debemos sentirnos a las puertas de una nueva movilización, preparada con responsabilidad y pasos precisos que ramifiquen el llamado. Los temas cruciales que laten en las bocas y corazones podrán convertirse en nuevos cánticos, deberán tornarse motivo de interés masivo por medidas y cambios institucionales trascendentes y necesarios desde hace tiempo, para avanzar en mecanismos que establezcan el manejo estatal del comercio exterior. Nuestro país ha visto cíclicamente amenazados, boicoteados y truncados proyectos de desarrollo nacional autónomo por la restricción externa, es decir, por la insuficiencia de divisas. Estas son el recurso clave para la continuidad y profundización de dinámicas progresivas. Por lo tanto resulta indispensable sustraer la disposición sobre las mismas del chantaje monopólico y garantizar su control gubernamental. Será necesario avanzar en la creación de las instituciones que lo hagan posible, lo que implicará una disputa de intereses que no ahorrará conflictos, razón por la que se impone generar un movimiento de opinión y la movilización social (como ocurrió con la Ley de Medios Audiovisuales) que acompañe la consecución de ese objetivo auténticamente democrático. La soberanía en la disposición de las divisas requerirá avanzar en otras áreas para reforzar o establecer el control estatal y social (por ejemplo, a los puertos privados), mayores regulaciones al capital especulativo y al sistema financiero, especialmente a la banca de propiedad extranjera, entre tantas. Estos objetivos no pueden ser otra cosa que las banderas de un patriotismo constitucional y social, que vea las acechanzas y dificultades y no se atemorice cuando deba salir al espacio público para señalarlas y conjurarlas. En este momento de agudo peligro para las esperanzas y el futuro de millones de compatriotas, sentimos la necesidad de este llamado que recoge los ecos de muchas de las luchas encarnadas por variadas tradiciones políticas del país. Escuchemos todos, escuchémonos a tiempo. ESPACIO CARTA ABIERTA